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El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), una de las filiales más grandes del PIT-CNT, atraviesa desde diciembre una situación compleja. En uno de los cuatro fondos sociales del sector —entidades que cogestiona con las empresas y que brindan beneficios a los trabajadores— se detectó un desvío de fondos a cuentas personales de unos US$ 840.000 y las maniobras implican a algunos dirigentes y militantes sindicales.
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El presidente del Sunca, Richard Ferreira, califica sin rodeos el mal momento. “Es una situación dolorosa y repudiable”, dijo a Búsqueda. Para transitarla e informar directamente a los trabajadores, contó que en los últimos días la dirección nacional decidió iniciar una red de asambleas en obras, plenarios de delegados y reuniones de direcciones departamentales. Aunque hay más puntos en la agenda de temas a abordar en estas instancias, uno de los centrales son las irregularidades detectadas en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) que el martes 28 se cristalizaron en una denuncia penal presentada en la Fiscalía.
Según Ferreira, en las asambleas han recibido expresiones de “calentura” de varios trabajadores y dijo que lo comprende. Sin embargo, destacó que priman las expresiones de “unidad y defensa de la herramienta sindical” en medio de una situación crítica.
“El martes tuvimos una asamblea de 500 trabajadores y terminó en aplauso. Hubo planteos, discusiones y críticas, pero terminó en aplausos y se agradeció que fuera la dirección nacional”, relató.
Otras fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que hubo momentos de tensión en algunas de las asambleas realizadas. Las molestias y las críticas en la interna se reflejan también en las últimas publicaciones en las redes sociales del Sunca que tienen decenas de comentarios que piden aclaraciones, medidas disciplinarias y renuncias, mientras otros usuarios piden no meter a todos los dirigentes en la misma bolsa y sancionar a quienes cometieron faltas y delitos.
A fines de diciembre el Sunca expulsó a dos dirigentes, integrantes de la lista 658, que tenían responsabilidades en la dirección departamental de Montevideo: Víctor Rivero y Santiago Bernaola. Ambos formaban parte también del Partido Comunista, del que fueron separados por esos días. Uno de ellos llegó a recibir unos US$ 70.000 en transferencias, según dijeron a Búsqueda distintas fuentes al tanto del caso.
La semana pasada, el Fosvoc obtuvo los resultados de una auditoría que había encargado para conocer al detalle el alcance de las irregularidades. Ese análisis mostró que unas 14 personas habían recibido en sus cuentas dinero no autorizado y al margen de los beneficios sociales que otorga el fondo.
Consultado por Búsqueda, Ferreira detalló que, además de los dos dirigentes ya expulsados, hay otras cinco personas que recibieron transferencias que tienen vínculo con el Sunca. Según dijo, algunos integran direcciones intermedias y otros son militantes.
El presidente del sindicato contó que cuando se tomó la definición de las primeras dos expulsiones, la dirección nacional también decidió que se aplicaría la máxima sanción disciplinaria si surgían más implicados. Indicó que estos procedimientos son independientes de la investigación judicial y contó que están en proceso de “comunicación” de la medida a los implicados.
También aclaró que los nombres se mantendrán en reserva porque lo que hay, por ahora, es una “presunción” de delitos y el sindicato “se debe manejar con mucho cuidado”.
Fiscalía investigará transferencias irregulares del fondo de vivienda
La denuncia presentada en Fiscalía por la comisión administradora del Fosvoc señala como responsable de los presuntos delitos a una funcionaria del fondo desde 2005, que desempeñaba un cargo de jefa de departamento. Su nombre es Stella Rey y por sus funciones estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria solo para el pago de remuneraciones.
Sin embargo, a lo largo del 2024 realizó una serie de transferencias que no estaban autorizadas ni justificadas. La auditoría encargada por el Fosvoc —que analizó los movimientos realizados entre febrero y diciembre de ese año— determinó que el valor total de las transacciones irregulares llega a los $ 35.627.581 y US$ 17.500. Estos montos sumados rondan los US$ 840.000.
El Fosvoc es el más antiguo de los cuatro fondos sociales de la construcción y su cometido es brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador. La comisión administradora del fondo la conforman dos delegados empresariales (uno por la Cámara de la Construcción y otro por la Liga de la Construcción) y dos sindicales.
Fuentes al tanto del caso informaron a Búsqueda que más allá de individualizar a Rey, la denuncia pide que se investigue e identifique a los destinatarios de las transferencias en el transcurso de la investigación penal para determinar su responsabilidad. También apunta que el titular de la cuenta que recibió dinero puede no ser el destinatario final, sino que pueden existir “triangulaciones” o “testaferros”.
Para el Fosvoc, el trabajo de la Fiscalía debería analizar todas las transferencias sin justificación, identificar los motivos por los que se hicieron, quiénes las recibieron, quiénes fueron los beneficiarios finales y qué relación existe entre los distintos actores involucrados.
Rey fue despedida del Fosvoc este mes.
La apropiación indebida tiene penas de tres meses a cuatro años de prisión y castiga a quien se apropia de dinero “u otra cosa mueble” que se le confía con algún propósito y lo convierte en algo para su provecho personal o el de terceros. La asociación para delinquir tiene penas de seis meses a cinco años e implica asociarse con otras personas para cometer uno o más delitos.
Finalmente, el Código Penal prevé para la estafa penas de seis meses a cuatro años de prisión. El delito castiga a las personas que con “estratagemas o engaños” inducen a error a una persona para obtener un provecho propio o para un tercero, en perjuicio de otro.
Entre las posibles medidas a adoptarse en la investigación, según indicaron las fuentes, la denuncia sugiere recurrir al levantamiento del secreto bancario y pedir informes a la red bancaria nacional a través del Banco Central, relacionados a la cuenta de Rey y de los destinatarios de las transferencias.
