El nombre de la vieja aerolínea de bandera uruguaya Pluna carga con las nubes de varias experiencias que terminaron mal, sea por la asociación con la brasileña Varig desde mediados de los 90 hasta 2005 o por la polémica gestión que empezó en 2007 el grupo Leadgate Investment Corporation, de Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, y que terminó con el cierre de la compañía aérea en 2012. Aunque hace 12 años que Pluna no vuela, esta semana su nombre volvió a ocupar los titulares de nuevo arrastrando un problema.
Latin America Regional Aviation Holding (Larah), propietaria de los derechos legales de Leadgate, “embargó las cuentas bancarias de Uruguay en Luxemburgo”, según informó la propia firma esta semana. En ese país se cotizan bonos emitidos por Uruguay en el mercado internacional por millones de dólares. Con el embargo, Larah busca que se cumpla el pago millonario en su favor determinado por un arbitraje internacional en febrero de este año.
En 2019, Larah se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje del Banco Mundial, reclamando a Uruguay el pago de US$ 861 millones, como consecuencia de incumplimientos del tratado de protección de inversiones con Panamá en el marco del proceso que derivó en el cierre de Pluna. En febrero de este año, según publicó entonces El País, el Ciadi se pronunció en su favor pero por una suma significativamente menor: unos US$ 30 millones más intereses y costos. De acuerdo con un comunicado difundido esta semana por Larah, la suma total adeudada es de US$ 56,5 millones y genera “intereses al 10,5% anual”.
En ese texto, la firma explica que desde febrero hasta la decisión del embargo de la cuentas en Luxemburgo hubo instancias de negociación con Uruguay que no llegaron a buen puerto. “A partir de junio, Larah informó a Uruguay, y a varias entidades internacionales, incluyendo las principales calificadoras de riesgo, que iniciaría procesos judiciales de cobro si no recibía el pago. En octubre de este año, el gobierno uruguayo solicitó a Larah negociar un plan de pagos y Larah aceptó negociar durante dos semanas. Larah no va a comentar el contenido de las conversaciones con Uruguay, que lamentablemente fracasaron”, detalla el texto.
El martes 19, el gobierno emitió un comunicado en el que afirmó que no había sido notificado de “ningún embargo” ni de “ningún procedimiento inicidado” de ese tipo. En el texto también da cuenta de algunas de las condiciones que fueron objeto de negociación con Larah y de los motivos por los que no se alcanzó un acuerdo.
Hasta ayer, miércoles 20, Presidencia todavía no había recibido ninguna notificación de embargo, según aseguraron a Búsqueda fuentes de la Torre Ejecutiva.
El portal internacional especializado en arbitrajes Global Arbitration Review informó esta semana del embargo en Luxemburgo. Fuentes especializadas en derecho comercial explicaron a Búsqueda que una vez que sea notificado, Uruguay quedará habilitado a “oponer excepciones al embargo”. Una excepción a la que habitualmente recurren los Estados en este tipo de situaciones es la de “inmunidad soberana”. Fabio Trevisan, representante legal de Larah citado por el portal, explicó que en caso de que Uruguay impugne por ese motivo la validación del embargo, podría llevar un año y medio.
Indemnidades cruzadas
El gobierno uruguayo asegura en el comunicado que emitió que en el proceso de negociación con Larah mostró voluntad de cumplir con el laudo del arbitraje internacional. De hecho, sostiene que llegó a hacer una “propuesta económica” que la empresa consideró satisfactoria y ambas partes habían avanzado en “otras condiciones de un posible acuerdo”. Sin embargo, un requerimiento impidió sellar el pacto.
“Las negociaciones no prosperaron debido a que Larah exigió que Uruguay dé por terminados los procesos penales actualmente en trámite contra los señores Hugo Sebastián Hirsch, Arturo Álvarez Demalde y Matías Campiani. Esto es inadmisible para Uruguay, como para cualquier Estado de derecho, además de ser violatorio de los principios de separación de poderes y la autonomía técnica de los fiscales”, explica el comunicado.
El texto también da cuenta de que, aunque mostró disposición a acordar un pago, el Estado también dejó constancia de que existe un acuerdo de “indemnidad” vigente que el reclamo de Larah incumple. En junio de 2012, en el marco del cierre de Pluna, el gobierno firmó un Memorando de Entendimiento con Sociedad Aeronáutica Oriental S.A. (SAO) y South American Regional Aviation Holding (Sarah, que antes era Leadgate). SAO era propietaria del 75% de Pluna S.A. y Sarah del 100% de SAO. En el memorando, ambas firmas se obligaron “a mantener indemne al Estado respecto de la promoción de acciones legales por sus accionistas directos o indirectos con causa en hechos o circunstancias relacionados con Pluna”.
“Larah es accionista directo o indirecto de SAO y Sarah, y promovió acciones legales contra Uruguay en el arbitraje Ciadi. En consecuencia, Uruguay considera que SAO y Sarah (cuyo accionista es Larah) tienen que cumplir con esta obligación y mantenerlo indemne por cualquier pago que tenga que hacer relacionado con el laudo”, indica el comunicado del gobierno uruguayo. Aún así, señala que se priorizó la búsqueda de una salida “amistosa”.
Hasta junio, el Estado uruguayo tenía la posibilidad de pedir la anulación del pronunciamiento del Ciadi, pero decidió no hacerlo. Fuentes de Presidencia dijeron a Búsqueda que esta determinación se tomó a sugerencia de los abogados que llevaban adelante el caso. Entendían que ese era el mejor camino, porque “no estaban dadas las condiciones de un fallo jurídicamente deficiente” como para que resultara anulado, y se corría el riesgo de una revisión con un resultado más desfavorable en términos económicos.
El caso judicial de Pluna por estafa
Tras el cierre de Pluna, Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde fueron procesados con prisión por un delito de estafa especialmente agravado y estuvieron entre 4 y 16 meses en la cárcel, de forma preventiva. Según el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos, habían maquillado balances, utilizado empresas conexas para desviar fondos, ocultado datos a los directores públicos de la aerolínea y vendido edificios emblemáticos de la compañía, mientras cobraban suculentos sueldos y bonos.
Las defensas de los tres procesados están decididas a demostrar que no hubo delito y, para eso, desde hace años han solicitado varias pruebas a la Justicia y han apelado cada vez que fueron rechazadas. Aunque están en libertad, los antecedentes penales ensombrecen la reputación de los argentinos en el ámbito empresarial, por lo cual conseguir un sobreseimiento es clave para ellos, explicaron en 2019 a Búsqueda fuentes vinculadas a la investigación.
Con el pronunciamiento del Ciadi en favor de Larah, Campiani —representado por el abogado Jorge Barrera— se presentó en mayo ante la jueza letrada de Primera Instancia en lo Penal de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, para pedir que se incorpore al caso como nueva prueba. La magistrada informó en setiembre que había aceptado el pedido, de acuerdo con un cedulón al que accedió Búsqueda. La prueba aceptada alcanza también a Hirsch —representado por Carlos Uriarte— y Álvarez Demalde —representado por Enrique Moller—, que adhirieron al pedido de Campiani.
En la solicitud que hizo Campiani, su abogado señaló como un elemento particularmente relevante del pronunciamiento del Ciadi el hecho de que incluso el “árbitro seleccionado por el propio Estado uruguayo haya votado la decisión”.
“Este hecho es de profunda relevancia”, argumentó. También hizo énfasis en que, mientras para procesar con prisión a Campiani a nivel local se tomó como un “indicio de delito” el uso de sociedades jurídicamente estructuradas en el exterior, ante el Ciadi Uruguay no contravino “la legitimación de Larah” para accionar el reclamo. En esa línea, Barrera se pregunta un poco más adelante: “¿Es posible ser considerado víctima y al mismo tiempo condenado por haber cometido actos ilegales y arbitrarios?”.
El regreso a la agenda de la discusión sobre Pluna —la carátula de numerosos dolores de cabeza durante la gestión de José Mujica— se dio en la última semana de la campaña electoral y obligó al candidato frenteamplista a referirse al tema. El camino por el que optó Yamandú Orsi fue el de sembrar algunas sombras acerca de si el gobierno defendió de la mejor manera los intereses del Estado uruguayo.
“Hay que defender bien porque cuando uno defiende, defiende al Estado, no a un partido político”, dijo en el ciclo Desayunos Electorales de Búsqueda, entre varias otras afirmaciones de tono similar. Por ejemplo, agregó que el Estado debe “defenderse bien” más allá de “dónde haya explotado la bombita”, en alusión a que el cierre de Pluna se dio en un gobierno frenteamplista. Al mismo tiempo, consideró que la versión que dio el gobierno uruguayo con el comunicado del martes 19 dejó “más dudas que certezas”.
Desde la coalición republicana, aprovecharon la noticia del embargo para reprochar el mal manejo de la situación de la aerolínea en aquel momento. El senador blanco Jorge Gandini consideró, en declaraciones a Radio Montecarlo, “terrible e indignante” que Uruguay deba seguir pagando por el “despilfarro y los episodios de corrupción” del Frente Amplio. En declaraciones a la misma radio, la senadora Graciela Bianchi afirmó que el “negociado” de Pluna “peor no se pudo haber hecho” y apuntó contra Mujica como el principal responsable de aquellas gestiones.
