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Archivos de la dictadura militar: quienes consulten los documentos están obligados a denunciar posibles delitos
Documentación sobre el pasado reciente se hará pública en el Archivo General de la Nación; si se descubren hechos delictivos deberá contactarse a la Fiscalía General
La información sobre la dictadura militar tendrá su sección propia en el Archivo General de la Nación
El Ministerio de Educación y Cultura, con la firma del presidente Luis Lacalle Pou y todos los ministros, reglamentó la ley que hará disponible al público general los documentos relativos a la última dictadura militar: todo testimonio material de un hecho o acto del período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
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El decreto reglamentario, publicado el 23 de diciembre, establece la creación de una nueva sección en el Archivo General de la Nación, que se denominará Archivo del Pasado Reciente y Violaciones a los Derechos Humanos. "Tendrá como objetivo principal reunir, organizar y conservar documentos relativos al pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos verificadas en el país, así como asegurar su libre acceso y difusión mediante la publicación en línea de aquellos que se definan como no reservados", afirma el decreto, que ordena a los organismos públicos remitir al archivo todos los documentos que tengan en su poder -en su forma original o en testimonio auténtico- del período 1973-1985. Se podrá también incorporar datos de otras fechas "si por su contenido se consideran sustancialmente vinculados al período señalado y fueren relevantes para su comprensión".
Una vez creada la nueva sección en el Archivo General de la Nación, "cualquier persona que tome conocimiento de un hecho con apariencia delictiva deberá dar inmediata cuenta" al director del órgano, quien a su vez tendrá que informar al ministro de Educación y Cultura para que eleve -de corresponder- una denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación.
El protocolo de acceso al archivo estará determinado por las leyes N° 18.331 (Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data) y N° 19.381 (Derecho de Acceso a la Información Pública), ambas de 2008, y será definido por los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, junto con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica (Agesic). Los organismos elaborarán "un procedimiento integral que defina los criterios de obtención, organización, conservación, acceso y publicación de los documentos objeto, debiendo elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo".
Las dudas del Frente Amplio
El acceso universal a información de la última dictadura militar fue aprobado en mayo mediante la Ley N° 20.280. Describe al contenido como "libre", sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros. Hasta ahora los documentos únicamente pueden ser solicitados por la Justicia, por los familiares de las víctimas de derechos humanos o a través de la ley de acceso a la información pública.
Javier García impulsó la iniciativa como ministro de Defensa
Javier Calvelo/adhocFOTOS
La idea surgió en 2023 en el Poder Ejecutivo y fue respaldada públicamente por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García. "¿Por qué hay derechos para que unos poquitos la lean y la inmensa mayoría de los uruguayos no? ¿Qué autoridad política o ética puede tener alguien para censurarnos la libertad de conocer nuestra historia?", planteó el hoy senador.
En aquel momento diversos dirigentes de la oposición, entre ellos Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, manifestaron su preocupación sobre la posibilidad de que liberar los archivos desembocara en la divulgación de información personal sobre víctimas de los militares, y pudiera entorpecer las tareas de búsqueda de detenidos desparecidos.
"Durante tantos años todos reclamamos verdad y justicia, y cuando se ofrece toda la verdad nos dicen: ‘No tanta’. La pregunta que se desprende es por qué cuando se ofrece toda la verdad no se quiere conocer toda la verdad", respondió García, quien sostuvo que universalizar la información puede ayudar a comprender mejor ese período de la historia.
La iniciativa del gobierno tuvo también un empuje indirecto en un hecho ocurrido en abril de 2023, cuando en el sitio web Archive.org se difundieron de manera anónima 1.600 documentos elaborados por inteligencia militar desde la década de 1960, filtrados en Internet bajo la denominación "Archivos del terror". La polémica generada por esa situación confirmó la idea del gobierno de habilitar todos los archivos para facilitar, ampliar y universalizar el debate sobre la dictadura militar.
A inicios de este mes el Repositorio Luisa Cuesta, iniciativa conjunta de la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, organizó una presentación sobre acceso a archivos del pasado reciente. En el evento, integrantes del grupo informaron que están trabajando en un estudio comparativo entre la información disponible en el Repositorio Luisa Cuesta y la que fue publicada por fuentes desconocidas en el sitio Archive.org.
"En esta primera etapa el trabajo mostró diferencias entre las fechas extremas y la calidad de estos documentos. Al finalizar está previsto reflejar las concordancias y discordancias entre los documentos alojados en cada archivo", comunicó la Presidencia de la República.
