Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano, fue imputado por varios delitos de corrupción y está bajo arresto domiciliario

La causa, que lleva adelante la fiscal de 2º turno de Mercedes, Stella Alciaturi, lleva imputadas a cerca de una treintena de personas, entre funcionarios y particulares, informó Búsqueda la semana pasada.

Junto con el exintendente, fueron detenidos y formalizados otros seis jerarcas de la comuna: el secretario general, Daniel Gastán; el prosecretario, Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Auditoría, Germán Cavallero; el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres.

A todos se les impuso como medida cautelar la prisión domiciliaria.

La investigación, que lleva más de dos años y que ahora alcanza a la cúpula de la Intendencia de Soriano, se desató luego de que la Justicia formalizara al presidente y al tesorero del sindicato de funcionarios municipales (Adeom) por estar implicados en maniobras como apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo e incluso el incendio de la sede del gremio para ocultar evidencia.

Tras incautar y analizar sus teléfonos, la Policía encontró que había más funcionarios involucrados en un esquema de venta ilegal de materiales del Departamento de Obras de la intendencia, como combustible, lubricantes y pedregullo. La Fiscalía continuó investigando y el año pasado imputó a un primer grupo de seis funcionarios por esas irregularidades. Desde entonces, la causa siguió avanzando hasta llegar a lo más alto de la jerarquía del gobierno departamental.

El delito de peculado se comete cuando un funcionario público se apropia de bienes de los que está en posesión por su cargo, y se castiga con cárcel de uno a seis años y con inhabilitación especial. El cohecho refiere a cuando un funcionario público recibe una retribución no debida “por ejecutar un acto de su empleo”, y se pena con tres meses a tres años de prisión e inhabilitación especial. El abuso de funciones se da cuando un funcionario, en abuso de su cargo, comete u ordena actos arbitrarios en perjuicio de la administración, y se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial y multa. El tráfico de influencias consiste en el delito de “invocar influencias” para solicitar o recibir provecho económico “con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo”, y se castiga con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Dentro de las acciones consideradas como corrupción están los delitos de tráfico de influencias, soborno, peculado, abuso de autoridad, cohecho o la conjunción del interés personal y del público y fraude.