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La Unión Europea insiste a Sudamérica con que tome más medidas contra el narcotráfico
Preocupada por el ingreso de cocaína a sus puertos, la Unión Europea llamó a una reunión de alto nivel en la que participó Uruguay; se discutió la creación de una alianza privada entre puertos sudamericanos
El puerto de Amberes lidera el ranking de cocaína incautada en la Unión Europea
El continuo incremento de cargamentos con cocaína que ingresan a los principales puertos europeos llevó a la Unión Europea a adoptar una actitud más proactiva y buscar intensificar su colaboración con los países sudamericanos para detener la exportación de la droga. A fines de mayo, representantes de ambos continentes mantuvieron una reunión de alto nivel, en la que participó Uruguay, para discutir “acciones prioritarias de cooperación en la lucha contra el narcotráfico”.
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El anuncio fue realizado por el gobierno de Bélgica —a cargo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea entre enero y junio—, que impulsó el encuentro de dos días en el edificio del Consejo en Bruselas. Se trató de una reunión infrecuente: es la segunda de alto nivel entre ambas partes para analizar específicamente propuestas contra el crimen organizado y el narcotráfico. “Entre los temas discutidos se encontraban la cooperación judicial internacional en asuntos penales entre los países de la Unión Europea y América Latina, y el avance hacia una hoja de ruta compartida sobre temas de justicia entre las dos regiones”, añadió la presidencia belga del Consejo en un comunicado.
En concreto, se decidió avanzar en el corto y mediano plazo sobre medidas para mejorar la asistencia judicial mutua, la digitalización de los sistemas judiciales, las pruebas electrónicas, la extradición y la localización y recuperación de activos ilícitos. También se resolvió crear equipos conjuntos de investigación y restablecer contactos policiales entre fuerzas latinoamericanas y europeas y entre las propias policías latinoamericanas.
Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania) y Róterdam (Países Bajos), los tres puertos más importantes de la Unión Europea, tuvieron el año pasado un récord de incautaciones de cocaína proveniente de Sudamérica. El aumento del narcotráfico tiene una incidencia en los grados de violencia en estas ciudades, ha complicado los balances económicos de sus puertos y generó un crecimiento de la corrupción en los funcionarios y también en gobiernos locales y nacionales.
El reciente encuentro de alto nivel incluyó una visita de todos los asistentes al puerto de Amberes. Ese puerto, la segunda terminal de contenedores más grande de Europa, "ha estado en el centro de atención desde 2018 como un importante punto de entrada para las drogas ilícitas enviadas a Europa desde América Latina", indicó el puerto en un reporte financiero de 2023. Las incautaciones de cocaína allí "aumentaron de 91 toneladas en 2021 a cerca de 110 toneladas en 2022, lo que convirtió a Amberes en el principal puerto de incautaciones de cocaína en Europa”, agregó.
Entre las drogas encontradas en la terminal belga, hubo cargas que partieron o hicieron escala en el puerto de Montevideo. También Hamburgo fue destino de contenedores de cocaína que pasaron por Montevideo. Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que la Unión Europea y los gobiernos sudamericanos investigan, en este esquema de narcotráfico marítimo, el rol que cumplen reconocidas líneas navieras europeas.
Como una política de emergencia, en enero la Unión Europea lanzó la Alianza Portuaria Europea, una asociación público-privada que busca aglutinar a Amberes, Hamburgo, Róterdam y otros puertos de relevancia. Todos son gestionados de manera independiente, por lo cual la alianza pretende coordinarlos bajo un fondo de 200 millones de euros que financiará comunicaciones más fluidas y nuevos equipos de escaneo de contenedores y control de importaciones.
En el encuentro de Bruselas se conversó sobre la posibilidad de que Sudamérica realice algo similar con los puertos más activos en el envío de cocaína. Algunos de ellos son Buenos Aires y Zárate (Argentina), Santos (Brasil), Santa Marta (Colombia), Guayaquil (Ecuador), Callao (Perú) y Montevideo (Uruguay).
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Pese al pedido de la UE, Uruguay no envió altos funcionarios al encuentro en Bélgica
Consejo de la Unión Europea
El lunes 17 la Oficina Europea de Policía (Europol), junto con la Policía y la Aduana de Alemania, desmanteló a una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína. El negocio de este grupo siguió el mismo patrón que causó la crisis de seguridad en puertos europeos: droga vía contenedores desde Sudamérica hacia la Unión Europea, especialmente Amberes, Hamburgo y Róterdam. La investigación, iniciada en abril de 2023, se centró en una red que funcionaba desde Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Surinam.
Cuatro días antes, otra larga investigación de Europol, en conjunto con la Guardia Civil de España, había golpeado a otra organización que se dedicaba a exactamente lo mismo, en esta instancia con conexiones probadas en Brasil, Colombia y Ecuador. De acuerdo a la Guardia Civil de España, los líderes “tenían su base temporal” en Turquía y Dubái, un sitio que alerta a fuerzas de seguridad en todo el mundo —incluida la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay— por la escasez de controles de Emiratos Árabes Unidos en el control de lavado de activos. El narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo internacional por tráfico de estupefacientes y asociación criminal, tiene en Dubái una de sus bases, al punto que su mujer y tres de sus hijos planean radicarse allí temporalmente.
Las dos operaciones que Europol ejecutó en menos de una semana explican la preocupación de las autoridades de la Unión Europea. A la reunión de alto nivel del 30 al 31 de mayo en Bruselas asistieron representantes del Consejo, de la Comisión Europea, del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Agencia para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). También fueron representantes de sus 27 países miembro. Por Latinoamérica participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Aunque la invitación era para altos funcionarios —que se corresponde oficialmente con ministros o viceministros—, por Uruguay asistieron María José Oviedo, directora general de Secretaría del Ministerio del Interior, y Beltrán Ford, ayudante del subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. “De acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio del Interior en cuanto a la permanente capacitación del personal policial, se considera beneficioso la participación de los mismos en el evento”, señala la resolución que los designó en misión oficial.
Uno de los bloques temáticos del encuentro se centró en las redes criminales que actúan en los dos continentes. En abril, Europol elaboró un informe que describe en detalle cómo y dónde operan las organizaciones más relevantes. Aunque el estudio no enlista grupos, sí menciona excepcionalmente a la 'Ndrangheta de Italia, al Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil y al Clan del Golfo de Colombia, tres grupos con ramificaciones casi globales y cuya presencia en Uruguay está comprobada, con mayor y menor actividad y en distintos rubros. Mientras la 'Ndrangheta es investigada por lavado de activos, el PCC tiene bandas de tráfico de droga asociadas en Rivera y miembros en las cárceles uruguayas. En tanto, el Clan del Golfo es responsable de la expansión en el país de los préstamos “gota a gota”, una actividad que inquieta especialmente al director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.
“La 'Ndrangheta trabaja en alianza con el Clan del Golfo y otra red que opera en Ecuador y varios países europeos. También provee armas al conocido PCC a cambio de cocaína. Las ganancias ilícitas se invierten en diversos países de Europa y Sudamérica, principalmente en bienes raíces, restaurantes, supermercados, hoteles y otras actividades comerciales”, afirma el informe de Europol.
Además de la reunión en Bruselas, a inicios de mayo hubo otro evento en Hamburgo. En este caso fue organizado directamente por el Ministerio del Interior de Alemania, que invitó a autoridades de Brasil, Colombia y Perú. La jornada, realizada el 7 de mayo, incluyó una recorrida por el puerto de Hamburgo y una declaración conjunta que manifiesta el objetivo de “desmantelar las redes criminales mediante métodos que incluyen investigaciones financieras intensivas (bajo el enfoque de seguir el rastro del dinero) para interrumpir los flujos de fondos ilícitos”. También se resolvió “cooperar estrechamente en las investigaciones con los países de origen y tránsito de Sudamérica con el fin de frenar y combatir eficazmente el delito de drogas en esos países y a lo largo de toda la cadena de suministro del tráfico de drogas”, lo que implicará mayor intercambio de información y, “siempre que sea posible”, la realización de investigaciones conjuntas.
