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A medida que la investigación avanza, cada vez hay más involucrados. Hoy son una treintena de imputados, formalizados o condenados, entre funcionarios, dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano (Adeoms) y particulares. Y por ahora la investigación no parece estar cerca de llegar a su fin.
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La fiscal Stella Alciaturi, titular de la sede de 2º turno de Mercedes, no se esperaba las dimensiones que tomaría el caso. “Cada vez que formalizamos a alguien nuevo aparecen más cosas, y la causa sigue creciendo”, dijo a Búsqueda, y añadió que aún no puede responder qué tan alto llegarán las responsabilidades.
El esquema, que tomó estado público a mediados del año pasado cuando la Fiscalía formalizó a los primeros seis funcionarios de la comuna, consistía en robar y vender materiales del Departamento de Obras de la Intendencia de Soriano, como combustible, lubricantes y pedregullo, entre otros.
Los empleados de la comuna involucrados son hasta ahora más de una decena, indicó la fiscal. Entre ellos, el capataz general, tercero en el mando de la División Obras, Alcides Rivero. El resto son individuos que compraban el material robado a la intendencia.
Este jueves 6 se realizará una nueva audiencia, en el juzgado de 1er turno de Mercedes, en la que la Fiscalía solicitará casi una decena de formalizaciones más. En paralelo, según informó el medio local Agesor, la fiscal solicitó a la jueza Ximena Menchaca la incautación de documentación de tres reparticiones de Talleres Municipales que estarían involucrados en el esquema.
Los delitos imputados por la Fiscalía van desde peculado y cohecho para los funcionarios hasta receptación en el caso de los particulares. El delito de peculado se comete cuando un funcionario público se apropia de bienes de los que está en posesión por su cargo y se castiga con cárcel de uno a seis años y con inhabilitación especial. El cohecho refiere a cuando un funcionario público recibe una retribución no debida “por ejecutar un acto de su empleo” y se pena con tres meses a tres años de prisión e inhabilitación especial. La receptación, en tanto, consiste en adquirir bienes provenientes de un delito y se castiga con pena de seis meses a 10 años de cárcel.
En agosto del año pasado, a medida que la causa avanzaba y crecía el número de involucrados, el intendente Guillermo Besozzi (Partido Nacional), que se postulará a la reelección en mayo, dijo en entrevista con Agesor que sentía “dolor y tristeza” porque fallaron los controles y los funcionarios de su confianza. El jefe comunal aseguró que la intendencia estaba colaborando con la investigación de la Fiscalía y celebró que se fuera “a fondo”.
El director de obras de la comuna, Pedro Nocetti, puso el cargo a disposición de Besozzi, aunque continúa por el momento en funciones.
La bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano emitió un comunicado luego de que se conocieran las primeras imputaciones en el que expresó preocupación porque las investigaciones de la Fiscalía no se originaron “en una denuncia de la Intendencia de Soriano (…), lo que hace pensar que no habría en la administración conocimiento de estos hechos, demostrando falta de controles o, peor, tolerancia a conductas irregulares por afinidades políticas”.
La investigación comenzó cuando la Justicia formalizó a dirigentes de Adeoms —el presidente y el tesorero— por estar implicados en maniobras como apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo e incluso el incendio de la sede del gremio. Tras incautar y analizar sus teléfonos, la Policía encontró que había más funcionarios involucrados en la venta ilegal de materiales.
La investigación que realizó la Fiscalía derivó en la condena del exjefe comunal Pablo Caram y el exsecretario general Rodolfo Caram, en julio de 2024, así como de la exdiputada nacionalista Valentina dos Santos.
También hubo corrupción en la Intendencia de Cerro Largo, donde fue detectada una maniobra que involucró a varios funcionarios públicos de la División de Tránsito que gestionaban la exoneración de patentes de rodado o la reducción significativa del valor para algunos vehículos, a partir de una normativa creada para las motos.
La maniobra se utilizó con unos 600 vehículos, causó un perjuicio económico a la comuna de $ 13,5 millones y benefició a particulares, funcionarios y titulares de automotoras “que utilizaron la oportunidad para blanquear deudas millonarias de vehículos”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado en octubre de 2023. Por la causa fueron condenados funcionarios municipales y un policía.
El año pasado, también en Cerro Largo, fue condenado el director de Necrópolis de la intendencia a 24 meses de prisión por un delito continuado de peculado tras robar dinero que correspondía al cementerio de Melo. Se denunció un faltante de $ 648.000, que no fueron recuperados.
La Fiscalía investigó asimismo en la Intendencia de Flores, luego de que en 2022 una instancia administrativa determinara que se había cometido fraude contra la comuna. El responsable de la maniobra era un funcionario de Hacienda, que tenía entre sus responsabilidades liquidar los sueldos de los trabajadores de la intendencia. Desvió cerca de $ 8 millones a su cuenta personal, según informó Montevideo Portal, y fue condenado por un delito de fraude y lavado de activos.
Dentro de las acciones consideradas como corrupción están los delitos de tráfico de influencias, soborno, peculado, abuso de autoridad, cohecho o la conjunción del interés personal y del público y fraude.
