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Ministerio de Trabajo elevó a Presidencia un proyecto que modifica el decreto que limita ocupaciones laborales
“Lo que se va a intentar con el decreto es que deje de ser criminalizada la ocupación”, dijo Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados; según informaron las autoridades de la cartera a los legisladores oficialistas, el texto contempla que se permita trabajar a empleadores y empleados que no se plieguen a la huelga
Las cúpulas ministeriales se están reuniendo con los legisladores del Frente Amplio para coordinar prioridades. Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Interior, Carlos Negro, mantuvieron encuentros con las bancadas oficialistas de senadores y diputados, mientras que el de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se encontró este miércoles 26 con un grupo de representantes nacionales del oficialismo.
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Castillo informó sobre los primeros pasos de su gestión, entre los que destacó el envío a Presidencia de un proyecto que modifica el decreto firmado en octubre de 2020 por Luis Lacalle Pou, que mandata al Ministerio de Trabajo a solicitar al Ministerio del Interior el “desalojo inmediato” de los ocupantes de un espacio laboral si, luego de intimados, estos mantienen la ocupación.
El gobierno de Lacalle Pou avanzó por dos vías contra las ocupaciones laborales: primero, con el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y luego a través del mencionado decreto 281/020. Jerarcas del Ministerio de Trabajo explicaron a los diputados frentistas que el principal retroceso en materia de derechos laborales se consumó por el decreto, por lo que resolvieron modificarlo.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados, Gabriel Otero, del Frente Amplio, adelantó a Búsqueda que el oficialismo no tiene previsto cambiar el artículo de la LUC, puesto que estima que modificando el decreto se avanza sustantivamente en el tema.
Mientras que el artículo 392 de la LUC expresa que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, el decreto 281/020 da un paso más al establecer que el Ministerio de Trabajo debe intervenir ante una ocupación —si el jerarca o empleador lo pide— y, en última instancia, solicitar el desalojo. Esto, para las autoridades, resulta ilegal porque es aplicable a todas las ocupaciones, aun en caso de que estuvieran cumpliendo con la LUC.
En la reunión con los diputados frentistas participaron el ministro Castillo, el subsecretario, Hugo Barretto, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y el director de Empleo, Federico Araya. Castillo planteó la semana pasada en rueda de prensa en Torre Ejecutiva —y reiteró ante los legisladores este miércoles— que “la ocupación del lugar de trabajo es parte del derecho de la huelga” y que está consagrado en la Constitución de la República. El artículo 57 de la Carta Magna declara que “la huelga es un derecho gremial”.
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Hugo Barretto, Yamandú Orsi, Juan Castillo y Laura Bajac, directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Daniel Rodríguez / AdhocFotos
Barretto fundamentó esta teoría en la reunión con los diputados y explicó los cambios que proyectan a través del decreto. El catedrático grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República dijo que “la ocupación es una modalidad del ejercicio de huelga” y, por lo tanto, el ministerio no debería tener la potestad de solicitar el desalojo de un local de trabajo ocupado siempre y cuando la medida cumpla con las condiciones establecidas en la LUC.
Además, recordó que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó en sus observaciones al Estado uruguayo que “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”. Barretto informó a los legisladores que la ocupación de un lugar de trabajo, como modalidad de huelga, es contemplada por el proyecto de decreto que elevaron a Presidencia, al igual que la posibilidad de que trabajen quienes no adhieran a la medida sindical y los directores de la empresa.
Otero explicó que ni la bancada del Frente Amplio ni el Poder Ejecutivo quieren “entrar en contradicción con la OIT” y que “lo que se va a intentar con ese decreto es que deje de ser criminalizada la ocupación”.
Las autoridades informaron que prepararán un decreto reglamentario que establezca criterios de definición del vínculo laboral, mientras que los legisladores plantearon que analizan dos caminos: desarchivar un proyecto que presentó el Frente Amplio en la legislatura pasada o presentar una iniciativa que modifique la norma aprobada. Estiman que la segunda opción sería más ágil, puesto que evitaría tener que convocar a todos los actores involucrados a la comisión y les permitiría focalizarse solo en ciertos artículos.
“La ley que se aprobó es pésima”, dijo Otero, quien lamentó que “deja regalados a los trabajadores” porque los aleja de “cualquier derecho que existe en Uruguay desde hace décadas, como los que tienen que ver con la salud, el seguro de desempleo, el aguinaldo, la licencia o salario vacacional”.
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Gabriel Otero
Javier Calvelo / AdhocFotos
“Vaciamiento”
Castillo y los demás jerarcas expresaron su preocupación por la falta de personal en la cartera, en la misma línea que lo han hecho otros ministros, como el de Turismo, Pablo Menoni. En 2019, había aproximadamente unos 800 empleados en el Ministerio de Trabajo, mientras que hoy hay unos 600, cifras que reflejan un “vaciamiento de funcionarios” en esa secretaría de Estado, según Otero.
Las autoridades detallaron que este fenómeno afecta dos “áreas sensibles”: las mesas de los Consejos de Salarios y Negociación Colectiva, y la Inspección General de Trabajo. El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja detalló que en 2019 había 60 mediadores que participaban de estas mesas y hoy hay 29, y que la cantidad de funcionarios en la Inspección de Trabajo cayó de 150 a 120 en ese lapso. Otero agregó que “el ideal sería que haya 180 trabajadores” en la Inspección, porque estamos ante “una epidemia de accidentes de trabajo”.
