Hasta hace unos meses, el nombre de Ana Inés Martínez era ajeno a la vida política del país. De dilatada trayectoria deportiva, las alabanzas o críticas venían únicamente por lo hecho dentro de las canchas o en sus espacios televisivos. Pero, tras presentar, en junio de 2024, una demanda laboral contra Canal 10 por despido abusivo y daño moral, Martínez terminó acercándose al ámbito político, a través de su representante legal Juan Ceretta. El abogado fue un potencial candidato a la Intendencia de Montevideo (IM), aunque su nombre, impulsado por el Partido Socialista, finalmente no fue aprobado.
Ahora, el abogado encabezará la lista a la Junta Departamental por el histórico sector de la izquierda. El jueves pasado, Martínez y Ceretta asistieron al lanzamiento de la campaña del Partido Socialista de cara a las departamentales. Dos días antes, el intendente Mauricio Zunino, también socialista, había resuelto contratar a Martínez “para desempeñar tareas de asesoría en el Departamento de Secretaría General”, en un régimen de 40 horas semanales, con un salario nominal de $ 187.331.
Esa decisión terminaría generando una disputa interna en el Frente Amplio y dejando a la comunicadora en el centro de un inesperado episodio político que sigue sin cerrarse.
La contratación de Martínez iba hasta el 10 de julio, cuando cesa la actual administración. Según pudo saber Búsqueda, partió de una recomendación de Ceretta, debido a su formación y experiencia como comunicadora y a la necesidad de cubrir algunas tareas debido a la partida de varios funcionarios y contratados hacia otros organismos. Se trata de un cargo de confianza y Martínez debía aportar un porcentaje de su salario al Partido Socialista.
La contratación de Martínez, difundida el jueves en la noche por Montevideo Portal, generó cuestionamientos en la oposición y dentro del propio oficialismo, incluidos dos de los contendientes frenteamplistas por la comuna, el senador Mario Bergara y el arquitecto Salvador Schelotto.
El lunes 31 de marzo, el tema llegó al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Según pudo saber Búsqueda, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista y Seregnistas cuestionaron fuertemente el contrato con Martínez. Ese mismo día se resolvió que la fuerza política se contactaría con Zunino, de viaje en misión oficial en el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local en Sevilla, para pedirle que reviera la contratación.
Un mensaje difundido por el presidente de la fuerza, Fernando Pereira, explicaba la situación y decía que, en el “marco de lo conversado en el Secretariado”, se comunicó con Zunino “para expresarle la posición del Frente Amplio” ante lo que se consideraba un “error”. Según dijo, el intendente “quedó en reconsiderar la contratación al regreso de su viaje”, y desde entonces varios medios dan como un hecho que el intendente le rescindirá el contrato.
Pases en comisión y despachos vacíos en la Intendencia de Montevideo
La situación molestó al intendente, que ahora quiere dialogar con Pereira y con la fuerza política acerca de la cantidad de contratos que tiene la IM y el uso que se les da.
Según dijeron a Búsqueda fuentes políticas de la comuna, “el manejo discrecional” de esta herramienta para hacerse de personal de confianza ha sido “preocupante” en el último tiempo. Al punto tal que las actuales autoridades departamentales entienden que existe una suerte de “hipocresía”, en la que muchos dirigentes se indignan con la situación de Martínez, pero poco dicen de otros contratados de perfil político.
Así, desde la intendencia sostienen que Zunino va a “jugar fuerte” en la interna del Frente Amplio, mostrando que muchos sectores que ahora expresaron indignación hacen la vista gorda con otras situaciones similares.
Además, el intendente hará hincapié en el gran número de personas que dejaron de trabajar para la comuna para desempeñarse en otros ámbitos. “De la intendencia se fueron más de 25 personas y no llegó prácticamente nadie, pero nosotros seguimos cumpliendo nuestras tareas. ¿O somos los astros de la eficiencia o estos eran ñoquis, no?”, protestó una fuente de la actual gestión.
Cuando Zunino justificó la contratación de Martínez habló de un “vaciamiento” de la comuna, principalmente debido al tránsito hacia el gobierno nacional, donde muchos antiguos directores asumieron cargos.
La lista es muy extensa e incluye, por ejemplo, al exprosecretario general Daniel González (hoy secretario de la Cámara de Senadores), la exdirectora de Recursos Financieros, Ximena Muniz (hoy directora general del Ministerio de Desarrollo Social), el exdirector de Transporte, Pablo Menoni (director de Turismo), el exdirector de Movilidad Pablo Inthamoussu (ahora diputado) y la exdirectora de Cultura María Inés Obaldía (diputada). Además, la secretaria general de la comuna, Olga Otegui, asumirá en los próximos días como secretaria general de la OSE.
Por fuera de esos cargos políticos, la intendencia tenía en su haber una serie de funcionarios y contratados que emigraron o emigrarán en los próximos días a través de “pases en comisión”. La situación es tal que hoy en día hay varios despachos vacíos en el edificio municipal, dijeron las fuentes.
La nómina abarca a varias figuras, muchas cercanas a la ahora vicepresidenta Carolina Cosse. Por ejemplo, Jorge Braga, Gustavo González y Valeria Gaibisso pasaron el 15 de febrero a la Cámara de Senadores como pases en comisión para la “asistencia directa” de la vicepresidenta. A su vez, José Manuel Gutiérrez, integrante de La Amplia y contratado durante la gestión de Cosse por $ 134.099 nominales, fue designado la semana pasada como prosecretario de la Comisión Administrativa del Parlamento. En tanto, Ana de Rogatis, que asesora a la exintendenta Cosse en la vicepresidencia, tiene un contrato de $ 263.789 nominales con la Intendencia.
Según supo Búsqueda, esta última solicitud de pase en comisión fue pedida hasta el fin del período de gobierno nacional, pero la intendencia, tras un informe jurídico, corroboró que el contrato culminaba el 10 de julio, con el cese de la administración departamental. Por lo tanto, ese pase caerá luego de esa fecha.
Entre otros casos similares está el del experiodista Gabriel Romano, quien se desempeñará como encargado de comunicación del Ministerio de Turismo: su pase en comisión y, por tanto, su contrato, caerá el 10 de julio, y para seguir trabajando allí deberá volver a ser contratado. El contrato de Romano es igual al de Martínez, con un salario de $ 187.331 nominal.
Otro contrato de la IM que pasó a trabajar en un organismo distinto por un pase en comisión es el de Lucas Regal, que se trasladó al Ministerio de Turismo. A su vez, Solana Quesada pasó a cumplir funciones de asistencia directa a Cosse a partir del 13 de marzo.
También hay contratados por la IM cuyos pases en comisión caerán el 10 de julio, pero que se desempeñarán para legisladores de otros sectores. Elena Colman, cuyo pase en comisión fue habilitado el 18 de marzo, asistirá a la diputada del MPP Susana Camarán. A su vez, María García, también contratada por la intendencia, tiene un pase en comisión habilitado hasta el 10 de julio para desempeñarse en el Ministerio de Vivienda. Y Facundo Duarte desempeñará “funciones de asistencia directa” al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.
*Una versión previa del artículo indicaba erróneamente que José Manuel Gutiérrez percibía un sueldo de $ 187.331 nominales
